Asesoría energética en Madrid

Una auditoría energética correcta  debe ser efectuada por un auditor  preparado. Según la normativa, las compañías podrán contratar a auditores energéticos externos adecuadamente cualificados. Aunque , si lo prefieren , también pueden decantarse por realizar la auditoría con técnicos cualificados de nuestra empresa , “siempre y cuando no tengan relación directa con las ocupaciones auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno ”.En todo caso , el técnico deberá recibir y superado un curso teorético y práctico de entendimientos específicos de auditorías energéticas dado por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma. Si tu empresa se encuentra en Madrid

El consumo energético es una preocupación y una necesidad por parte de todos y cada uno de los usuarios. No obstante , la necesidad de tener una asesoría energética no está ampliamente extendida en España. Solo, en los últimos años , este profesional ha empezado a tener más presencia, de forma externa, en las empresas.

Podemos entender la situación energética de tu compañía en Madrid y de sus instalaciones, mediante un análisis meticuloso y completo , identificando y valorando las posibilidades de ahorro de energía desde el criterio técnico y económico, y manteniendo el inmueble en condiciones de confort y de producción. Con cierta frecuencia se tiende a pensar que la reducción de los consumos se logra esencialmente con el cambio de las luces existentes. O sea completamente erróneo puesto que existen multitud de componentes que pueden afectar a la manera donde tu empresa ahorra energía durante los meses.

Las empresas que tienen que realizar una auditoría energética si o si son las que cumplan al menos dos ejercicios sucesivos con la condición de gran empresa, esto es , que “ocupen al menos a 250 personas o las que, aún sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un cómputo general que sobrepase de 43 millones de euros”. También es obligación para los grupos de sociedades, establecidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.